El informe advirtió sobre “la inexistencia de una certificación sobre el avance acumulado de la obra, respecto del cronograma de tareas, previsto de antemano para la realización de las obras”.

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anticipó hoy que presentará una ampliación de su pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tras conocer un informe presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la administración del máximo tribunal, al que calificó de “lapidario”.

Carrió hizo referencia de esta manera a un dictamen de la AGN emitido el miércoles pasado, en relación a la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2011 de la Corte Suprema, en el que plantea observaciones que van en el mismo sentido que algunas de las razones esgrimidas en el pedido de juicio político contra Lorenzetti presentado el pasado 5 de abril pasado por los diputados de la Coalición Cívica-ARI.

Según la diputada de la CC, “el informe es contundente y exhibe el manejo espurio de quien estuvo a cargo de la administración de la Corte”, al advertir que en el dictamen se exponen “las irregularidades respecto del Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos”.

En el informe de 152 páginas, la AGN hizo referencia a “debilidades de control interno”, como así también a “la falta de resguardos que garanticen la inviolabilidad de la carga de novedades al SUPERHA por medio del área responsable”.

Carrió sostuvo además que la AGN “revela que existen cuentas corrientes para gastos de funcionamiento en distintas áreas que no se exponen y tampoco se especifica la transferencia de bienes entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal”.

Para la diputada de la CC, “como sucedió con la matriz de corrupción de la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, tampoco son transparentes los certificados de obra y de la factura presentados por los contratistas”.

Sostuvo que el informe de la AGN, al igual que el pedido de juicio político presentado por los diputados de la CC, también observó “la falta de reglamentación unificada y objetiva de la normativa aplicable con respecto al personal; la falta de resguardos que garanticen la inviolabilidad de la carga de novedades al Sistema Único de Personal y Haberes por medio del área responsable y que asegure liquidaciones conforme a la situación real del personal”.

Además, a través de un comunicado de prensa difundido este mediodía, Carrió aseguró que “la Corte conducida por Lorenzetti dispuso que se transfieran los remanentes de la Obra Social a la Secretaría General de Administración a cargo de Héctor Marchi”, es decir que -continuó- “en lugar de haber utilizado los recursos de la obra social para invertir en prestaciones de sus afiliados, se transfirieron los remanentes al sexto ministro y hombre de máxima confianza del presidente de la Corte”.

Finalmente, y según el informe de las AGN, el procedimiento de transferencias “no se ajusta con rigurosidad a la normativa vigente” de la Resolución 33/03, mientras que “el registro de valores de terceros en garantía en la tesorería no proporciona saldos acumulados”, así como “la inexistencia de control centralizado de los bienes de consumo”, entre otras irregularidades enumeradas en el dictamen.

En el marco de su ofensiva contra Lorenzetti, Carrió presentó el mes pasado en la Cámara baja un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema por presunto mal desempeño de sus funciones, decisión que fundamentó en la necesidad de “terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República”.