El nuevo régimen quiere dejar reglado el destino que debe darse a los fondos mineros. La reforma del Estatuto transita el análisis de un compendio de normas que pretenden transparentar la gestión del dinero público universitario.

El proceso de reforma del Estatuto Universitario está transitando uno de los capítulos más interesantes: lo referente al régimen Económico-Financiero. Artículos vinculados con el manejo y aprobación del presupuesto, con los recursos de la universidad, los fondos provenientes de YMAD, la transparencia y los órganos de control.

Ya se aprobaron varios artículos y este miércoles la Asamblea seguirá avanzando con el capítulo sobre el Presupuesto universitario. Un tema más que delicado para la universidad. Se discutirá sobre la propuesta de que el Consejo de Decanos cuente con 30 días para el análisis del presupuesto antes de su aprobación en el Consejo Superior.

Por otra parte, hay un punto que propone que no puedan realizarse gastos que no estén presupuestados o que no contengan alguna reglamentación emanada del Consejo Superior.

El articulado que está en debate fue trabajado por la comisión 5, presidida por la decana de Derecho, Adela Seguí, y como secretarios figuran, Griselda Barale (profesora en Filosofía y Letras) y Mateo Bauza (docente).

Una novedad dentro de régimen que está en discusión es la creación del “Fondo universitario YMAD”. Tiene la intención de gestionar el dinero que ingrese como fruto de la participación de la UNT en esa empresa interestadual. Si bien las autoridades universitarias han venido recalcando que la entrada de fondos mineros se ha cortado, lo que pretende este capítulo es sentar posición acerca del destino y del control a futuro. Se sabe que la UNT tiene la intención de aprovechar el patrimonio que generó la explotación.

Por eso, el primer artículo propone que el dinero que ingrese se use -como prioridad- para la adquisición, construcción, refacción y mantenimiento de inmuebles universitarios. Luego para equipamiento técnico, bibliotecas, becas y viajes de intercambio para alumnos, docentes y no docentes y contrataciones de investigadores. El control de todos esos gastos deberá quedar en manos de una “comisión especial permanente” que funcione en el ámbito del Consejo Superior.

Blanqueo de datos

Otro capítulo denominado “Transparencia” busca que los datos (normas, documentos, ingreso y disposición de recursos) estén disponibles para la comunidad en la plataforma digital. No solo eso, sino que avanza y propone que también se conozca la cantidad de personal directivo, docente, no docente y contratado por tipo de función, ingresos, categoría y dedicación.

En cuanto al presupuesto, que se identifique de dónde proviene, la ejecución del gasto, la identificación de su destino y el estado de situación patrimonial y financiera. Este punto, sin duda, resume el reclamo que la comunidad univeristaria -y también la Nación- le viene realizando a la UNT.

Todo el blanqueo de la información también deberá extrapolarse al ámbito de cada unidad académica.

Finalmente, deberá tratarse el capítulo “Órganos de control”. Entre otras cosas, propone que el responsable de Auditoría Interna sea designado por el Consejo Superior a partir de una terna que eleve el Rectorado. A su vez, el último artículo de este capítulo manifiesta que el Rector deberá rendir cuentas ante el Honorable Consejo Superior de la ejecución presupuestaria con una frecuencia trimestral.