El padre de Paulina, asesinada en 2006 y cuyo caso sigue impune, impulsa el pedido para que la Provincia implemente medidas en beneficio de quienes sufrieron delitos.

Alberto Lebbos, padre de Paulina, la joven estudiante de Comunicación Social asesinada en 2006 y cuyo caso sigue impune, participó hoy de la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad y Justicia de la Legislatura para analizar las diferentes propuestas de adhesión a la ley nacional 27.372, de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos.

“Le he pedido a los legisladores que le exijan al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación de leyes pendiente desde hace muchos años, como la de asistencia a adictos y a víctimas de delitos. Es lamentable que estemos hablando de víctimas de delitos y no de prevención. Es inadmisible”, disparó Lebbos luego de la reunión.

Lebbos, referente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, manifestó que con la pérdida de un ser querido una familia queda destruida, como si cayera una bomba atómica. “Estamos muy indignados de ver la pasividad de los poderes del Estado, especialmente de la Legislatura. Necesitamos que reaccionen. Hacen falta herramientas efectivas y concretas para la solución de problemas de los ciudadanos”, dijo en diálogo con LA GACETA.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad y Justicia aceptarán el pedido de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de postergar la aplicación del nuevo código procesal penal, pero acordaron aplicar a partir del 1 de septiembre los capítulos referidos a derechos y garantías de las víctimas de delitos.

Los integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad solicitaron por escrito que la Legislatura adhiera a la Ley nacional de Víctimas con una nota que ingresó el 11 de agosto.

El Gobierno nacional había promulgado a comienzos de julio la Ley nacional de Derechos y Garantías para personas Víctimas de Delitos (27.372), que había sido sancionada en el Congreso este año. La normativa establece tres incorporaciones: el Estado brindará asistencia jurídica gratuita, acompañamiento psicológico y la creación de la figura del Defensor Público de la Víctima en cada distrito. Tucumán cuenta con una ley similar: se sancionó en 2006 la Ley de Protección a Víctimas de Delitos (N° 7.867), pero nunca se asignó presupuesto para aplicarla.